La ley contempla la expropiación temporal de fincas donde se hallen fosas. El Estado pagará las exhumaciones de los restos y las pruebas de ADN.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes 15 de septiembre el Anteproyecto de ley de Memoria Democrática que derogará la polémica Ley de Memoria Histórica que el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó en octubre de 2007. La nueva ley se basa en la proposición de ley presentada por el PSOE en el Congreso en enero de este mismo año.

Como dice la nueva ley, caramelo del gobierno social-comunista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, supone el «reconocimiento, reparación y dignificación de las víctimas del fascismo«, de «los desaparecidos» durante la Guerra Civil y la Dictadura y «de los exiliados», para que la historia no se construya «desde el olvido y el silenciamiento de los vencidos«.

Sánchez e Iglesias pasean a Franco de nuevo, empuñan los dos bandos, resucitan los fantasmas del pasado como motor político ya que, al parecer, en nuestro país el frentismo sigue siendo un vivero de votos para la izquierda.

La nueva ley tiene «66 artículos y 5 títulos», más las disposiciones, y se diferencia de la de Memoria Histórica en que «acota» el revisionismo a los dos últimos siglos, cuando «nuestro país se incorpora al constitucionalismo histórico». Los puntos claves de la nueva ley son los siguientes:

-El Estado pasa a ser el responsable de las exhumaciones y de las pruebas de ADN de las víctimas: «se asume como política de estado la legítima demanda de los ciudadanos y ciudadanas que ignoran el paradero de sus familiares, la mayoría en fosas comunes». Si no se pudiera exhumar el cuerpo se contemplan «medidas de reparación simbólica y moral» para los familiares.

-Se creará el Banco Nacional de ADN de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura.

-Se rastrearán «lugares de memoria democrática» y se elaborarán un Censo de víctimas y un Mapa de fosas. Si éstas se encuentran en una finca privada las administraciones podrán autorizar su ocupación temporal para los trabajos de exhumación.

-Se anularán «de pleno derecho» todas las sentencias de los tribunales franquistas dictadas durante la Guerra Civil y la Dictadura. Por ejemplo, la del sanguinario expresidente de la Generalidad Lluís Companys. Dice el texto: sentencias «contra quienes defendieron la legalidad institucional anterior y pretendieron el restablecimiento de un régimen democrático en España», refiriéndose a la Segunda República, un periodo en el que gobiernos socialistas revocaron derechos fundamentales de los ciudadanos.

-Se declaran ilegales los Tribunales de Represión de la Masonería y el Comunismo, el Tribunal del Orden Público, los Tribunales de Responsabilidades política y los Consejos de Guerra.

-Previsiblemente se ilegalizará la Fundación Francisco Franco y todas aquellas que se considere que hacen apología de la dictadura, el franquismo o «inciten al odio». Para ello se modificará la Ley del Derecho a la Asociación de 2002.

El Valle de los CaídosJosé Antonio Primo de Rivera y su «resignificación». El templo religioso se convertirá en un cementerio civil y para ello se extinguirá la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos con la que los monjes benedictinos gestionan la abadíaCalvo llegaba a afirmar en rueda de prensa que «reflexionará» sobre el derribo de la gran cruz. Además, solo podrán yacer en el templo los fallecidos de la Guerra Civil y se reubicará «cualquier resto mortal que ocupe un lugar preeminente en el recinto», como el de José Antonio. El «Panteón de Hombres Ilustres» pasa a llamarse «Panteón de España».

-Se negarán subvenciones por «atentar, alentar o tolerar prácticas en contra de la memoria democrática». Estas organizaciones estarán fichadas en bases de datos cruzados.

-Se prohíben actividades de exaltación y enaltecimiento de la dictadura. Hay que recordar que a hoy es muy complicado encontrar alguna manifestación o acto de este tipo celebrado a la luz pública.

-A diferencia de la Ley de Zapatero, la de Sánchez contempla sanciones con el fin de evitar «humillaciones» en los espacios públicos. Las multas van desde los 200 hasta los 150.000 euros para infracciones muy graves, por ejemplo destruir fosas o lugares de memoria democrática.

-Se creará una nueva Fiscalía de sala en el Tribunal Supremo para investigar hechos de la guerra y la dictadura «hasta la entrada en vigor de la Constitución». Tendrá funciones en la búsqueda de las víctimas.

-Para facilitar la exhumación, se recupera la figura del expediente de información para la perpetua memoria para obtener declaraciones de estos periodos históricos.

-Modificación de la ley de secretos oficiales para acceder a información de esos años.

-Auditoría e inventario sobre bienes expoliados: «investigación de las incautaciones producidas por razones políticas, ideológicas de conciencia o religiosa» por ejemplo «a organizaciones políticas». Contemplan «sanciones económicas» a los incautadores.

-Reconocimiento de las víctimas que hicieron trabajos forzosos durante la Dictadura. Se hará un inventario de edificaciones hechas por los Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores, por presos en campos de concentración o en Colonias Penitenciarias Militarizadas. Se intentará que «empresas» que utilizaron en su beneficio estos trabajos reparen a los afectados.

-Se revocarán distinciones, condecoraciones, medallas policiales u honores «por haber formado parte del aparato de la represión de la dictadura» y sus recompensas asociadas. También las incluidas en la creación de la Orden del Mérito del Cuerpo de la Guardia Civil de 1976.

-Se quitarán títulos nobiliarios concedidos entre 1948 y 1978. Eliminación de la Orden Imperial del Yugo y las Flechas.

-Adquisición de la nacionalidad española para descendientes de primera o segunda generación de españoles exiliados a causa de la guerra o la dictadura.

Borrado nominal. Cambio de denominaciones de pueblos, calles, centros públicos, privados y religiosos que se consideren símbolos del franquismo. Afecta por ejemplo a la tumba de Queipo de Llano en la basílica de La Macarena en Sevilla o la calle del General Yagüe en Madrid. Si el elemento es artístico se «incorporará una mención» para reinterpretar dicho elemento según la memoria democrática.

-La aportación de Unidas Podemos. Se considerará a la mujer una doble víctima «puesto que fueron humilladas, vejadas, violadas, represalias o asesinadas por ser mujeres, madres, hijas de perseguidos y ajusticiadas por haber intentado ejercer su derecho al libre desarrollo personal y transgredido los límites de la feminidad tradicional».

Adoctrinamiento en las aulas, para alumnos y profesores, es decir, «actualización de contenidos curriculares con memoria democrática para Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato». Para, según Carmen Calvo, «reencontrarnos con una historia brillante de las libertades que tiene que estar en la conciencia colectiva y en la aulas».

-El 31 de octubre será establecido como el Día de Recuerdo y Homenaje a Todas las Víctimas (es el día que se aprobó la Constitución de 1978 y la Ley de Memoria Histórica de Zapatero) y el 8 de mayo como el Día de Recuerdo y Homenaje a las Víctimas del Exilio y el fascismo.

Calvo, portavoz de la verdad

La coordinadora de la Ley de Memoria Democrática ha sido la vicepresidenta primera Carmen Calvo, ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Calvo ha comparecido este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el que la crisis del coronavirus se ha tratado «brevemente» porque esta ley era «muy importante». Ha afirmado con gravedad que este país «no se podía permitir ni un día más» sin ella. La intención del Gobierno, ha explicado, es «enfrentar nuestro pasado, un pasado en el que se requiere un trabajo de verdad, de encontrarnos con la verdad». Sin abandonar el discurso de las víctimas y los verdugos, aseguraba sin pudor que es una ley para la convivencia, «para encontrarnos todos».

El texto será revisado por distintos órganos, entre ellos el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Fiscal. Devuelta al Gobierno, el texto será debatido en el Congreso. En los presupuestos fallidos de 2019 Sánchez asignó a este asunto una partida de 15 millones de euros. El BOE publicó el pasado sábado una partida de ayudas públicas de 750.000 euros para 2020.

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