El texto de la Ley está en período de exposición pública y todavía tendrá que aprobarse en el Consejo de Ministros y elevarse a su tramitación parlamentaria

El Gobierno ha presentado el Anteproyecto de la Ley de telecomunicaciones, dentro del cual se refleja por primera vez la intervención de servicios OTT (Over The Top) como WhatsApp o Telegram para difundir mensajes en el caso de situaciones excepcionales.

Es así como el Gobierno de Sánchez podrá asumir la gestión directa o intervenir las redes y servicios de comunicaciones electrónicas con carácter excepcional y transitorio si hay riesgo para el orden público, la seguridad pública o a la seguridad nacional.

Pero, ¿qué supondría esto? El Gobierno podría acudir a las plataformas de mensajería para que emitiesen una comunicación a las personas que utilizasen estos servicios.

El anteproyecto de ley de Telecomunicaciones transpone esa directiva a la legislación española, según la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, y también contempla «con carácter adicional y excepcional» que otro tipo de servicios, en este caso plataformas que funcionan independientemente de la numeración, pudiesen contribuir también.javascript:false

Refleja por primera vez que «esta facultad sólo se podrá ejercitar respecto de los proveedores de servicios de comunicaciones interpersonales independientes de la numeración cuando tengan asignada la obligación de transmitir alertas públicas en caso de grandes catástrofes o emergencias inminentes o en curso».

A este respecto, para muchos no queda claro aún qué es una emergencia inminente o en curso.

Qué opinan los especialistas sobre esta Ley

La redacción de la nueva Ley podría generar controversia y dar lugar a problemas de interpretación. «¿Qué es una situación excepcional y dónde acaba lo transitorio?». Vozpópuli rescata el texto en un artículo de este miércoles 23 de septiembre.

Sergio Carrasco Mayans, abogado de Faseconsulting especializado en nuevas tecnologías, señala a este respecto que «la nueva Ley de Telecomunicaciones amplía su objeto hasta alcanzar a operadores que tradicionalmente quedaban excluidos de las numerosas obligaciones que dicha norma contenía, como pueden ser WhatsApp. Los servicios de comunicaciones independientes de la numeración gozan de un éxito muy importante gracias a la implantación en los teléfonos móviles. Estos nuevos proveedores podran ser intervenidos por el Gobierno, pero se limitan los supuestos de uso a aquellos que tengan asignada una obligación de transmitir alertas públicas».

«El anteproyecto plantea una intervención puntual en servicios de comunicación de determinados operadores, que al operar desde países fuera de España plantean más problemas que los operadores españoles. Por ese motivo el Gobierno quiere poder obligar por ley a estas OTT como Whatsapp o Telegram a difundir determinados mensajes y alertas que consideren oportunos durante una situación excepcional. La solución es aparentemente positiva y eficaz, siempre que esté amparada por una norma, y se haga de forma muy excepcional y durante un tiempo concreto, aplicando todas las cautelas para que no se vean perjudicados derechos de terceros», explica Paco Pérez Bes, socio de Derecho Digital de Ecix Group.

Pérez Bes indica que «el texto de la Ley no es demasiado claro y puede dar lugar a problemas de interpretación. ¿Qué es una situación excepcional y dónde acaba lo transitorio? Es posible que los operadores afectados no coincidan con el criterio del Gobierno, en cuyo caso se presentarán recursos que pueden paralizar esa actuación o, incluso, desembocar en demandas judiciales contra la Administración», concluye.

Asimismo, aquellos que sin ser operadores tradicionales permitan, entre otras cosas, hacer llamadas, videollamadas o enviar mensajes, entre otras cosas, y facturen más de un millón de euros, abonarán un euro por cada mil euros de ingresos por este concepto. WhatsApp, Facebook, Twitter o Instagram entrarían en esta descripción si facturan más de un millón de euros por esta clase de servicios.

El texto legal también contempla que el servicio universal -conjunto de servicios de telecomunicaciones básicos garantizados a todos los usuarios- pueda ser impuesto a cualquier operador.

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