Después de la confirmación oficial del hundimiento de la economía española y con la sombra de la intervención planeando sobre España, el Ejecutivo estudia un severo paquete de recortes que le permita recibir el auxilio financiero de la Unión Europa, entre los que destaca un duro ajuste del sistema público de pensiones, que garantice su viabilidad futura al frenar su espiral de déficit.

Ya nadie duda de que la era postcovid-19 supondrá una larga travesía del desierto para nuestro país. El Gobierno calcula unas necesidades de liquidez de 140.000 millones para enjugar la crisis sanitaria. Ante este desolador escenario, se verá forzado a reabrir el debate de la reforma del sistema público de pensiones. De hecho, la congelación y el endurecimiento de los requisitos para acceder a las mismas figuran en la batería de reformas que estudia ya La Moncloa, según confirman a LA RAZÓN fuentes gubernamentales.

Pensiones abril 2020
Pensiones abril 2020/Infografía: José Luis Montoro

Estas fuentes aseguran que el Gobierno se encuentra ahora a la espera de que Bruselas de luz verde a su Plan de Estabilidad, presentado el pasado viernes 30 de abril, y a que le indique «las recomendaciones» o ajustes a seguir para conseguir la liquidez necesaria, tal y como figura en el propio plan de 80 páginas de extensión remitido a Bruselas. Esta necesidad de liquidez se explica por la paralización del país durante casi dos meses para frenar la pandemia, que ha supuesto el hundimiento de la economía, con una caída sin precedentes del PIB que llegará este año, según los cálculos oficiales, a casi el 10%, con un déficit público en caída libre hasta el 10,34% del PIB (más de 7 puntos respecto a 2019) y una deuda sin control de hasta el 116% del PIB.

En este dramático contexto económico, estas mismas fuentes gubernamentales no ocultan su preocupación por la evolución del déficit del sistema público de pensiones. «De continuar la actual tendencia, con 9,7 millones de pensiones y 18,4 millones de cotizantes, el sistema será inviable de no acometerse una reforma inmediata», avisan esas mismas fuentes. En estos momentos, Economía tiene ante sí dos retos. El primero, cómo frenar en pleno cataclismo económico el déficit de las pensiones, casi 17.000 millones de euros en 2019 (resultado de unos ingresos de 145.401 millones y unos gastos 162.392 millones de euros). El segundo y estrechamente vinculado al primero, cómo asumir la entrada de nuevas pensiones más elevadas a partir de 2023, donde se espera la jubilación masiva de la generación del «baby boom».

La nómina de los pensionistas el pasado mes de abril creció casi el 3% respecto al mismo mes del año anterior, con 9.879 millones de euros. El escenario se complica aún más con una tasa de paro prevista del 19%. Con el hundimiento económico, la gran incógnita a despejar es ¿quién va a cotizar para sostener el actual sistema de pensiones? En este contexto, el Ejecutivo estudia ya como primera medida congelar las nóminas de los pensionistas. En este caso, un contexto deflacionista como el que vivimos jugará a favor de obra. La última revalorización de las pensiones en función del IPC en enero pasado del 0,9% supuso consolidar en el presupuesto de la Seguridad Social 1.400 millones de euros más de gasto y situar la nómina máxima por jubilación en casi 2.700 euros.

Además, el Gobierno no descarta aplicar el denominado Índice de Revalorización de las Pensiones vigente aún y que no se ha llegado nunca a utilizar desde que se aprobó en 2013. Se trata de un mecanismo de ajuste automático destinado a garantizar el equilibrio de las cuentas de la Seguridad Social y que en la práctica supondría un recorte de las prestaciones. Mariano Rajoy, precursor del mismo, al final optó por subir anualmente el 0,25% las nóminas de los pensionistas. Pedro Sánchez, por su parte, lo aparcó cuando pactó con Podemos un Gobierno de coalición, aunque no lo derogó. Ahora estudia desempolvarlo para frenar el déficit de la Seguridad Social en un escenario de merma de ingresos por cotizaciones.

La reforma del sistema público de pensiones que prepara el Ejecutivo recoge también la limitación de las pensiones de viudedad a aquellas personas con determinado nivel de renta, aunque aún está por fijar esta cuantía y los tramos de la misma para dotarle de proporcionalidad. Ahora la nómina de 2,3 millones de pensiones de viudedad reconocidas asciende al mes a 1.705 millones. El Gobierno se plantea también profundizar en la reforma de las pensiones de 2011 acometida por Zapatero. Así, estudia aumentar la edad efectiva de jubilación, con el fin de equipararla a la media de los países de la OCDE, situada en 64,5 años. Además, planea que se tenga en cuenta toda la vida laboral del trabajador a la hora de calcular la cuantía de la pensión. Con la reforma de 2011, en 2022 la estimación del sueldo del pensionista se efectuará teniendo en cuenta los últimos 25 años cotizados. El Gobierno calcula que con esta nueva vuelta de tuerca se podría ahorrar hasta el 1% del PIB.

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