Los españoles ven con pánico el futuro económico que les aguarda, sin un solo indicador que alimente un átomo de optimismo. Las perspectivas serían incluso peores si nos atenemos a las informaciones de fuentes bien informadas relacionadas con el Gobierno de Estados Unidos.

De acuerdo a estas fuentes, se teme que ante la situación que va a provocar en España la falta de recaudación en Hacienda, así como los problemas de financiación en la Unión Europea, el Gobierno español estaría dispuesto a congelar las cuentas de los españoles, permitiéndoles que puedan mover cada día una pequeña cantidad de dinero, aún por determinar.

Si se confirmase, sin duda estaríamos ante la mayor crisis financiera y también ante el mayor atropello de los derechos fundamentales de los españoles. La propiedad privada se subordinaría al artículo 132 de la Constitución, según el cual  toda la riqueza nacional está supeditada al interés general . En este caso al interés particular de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias.

Un estado de corte totalitario como antesala del ‘corralito’

“Las derivas colectivistas del Gobierno de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias van creciendo a medida que se alarga el confinamiento de los españoles. Ambos, con la excusa del Covid-19, han conseguido secuestrar a una nación con un estado de alarma inconstitucional, dominar los resortes de la soberanía popular con el cierre casi total del Parlamento, poner a sus milicias callejeras frente a los pacíficos manifestantes para amedrentarlos mientras la policía les censura las redes sociales, han instaurado la ‘paguita’ a modo de cartilla de racionamiento para premiar a los mansos y afines, pretenden la paralización de la justicia, la mordaza a la prensa y a la oposición,  el control de los movimientos de los ciudadanos por medio de sus terminales móviles, la expropiación de materias primas y ahora no anuncian sin disimulo alguno la confiscación del superávit alcanzado durante el pasado ejercicio por las corporaciones locales que  alcanzó los 5.000 millones de euros, una cifra que supone aproximadamente el 4% del presupuesto manejado por las Administraciones locales», escribió recientemente el jurista Rodríguez de Brujón.

Advirtió que el temido «corralito» ya lo intenta aplicar el Gobierno a los ayuntamientos. «No les quepa duda que tras la amenaza de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en su intervención en el Congreso de los Diputados, para que las administraciones locales aporten el superávit conseguido en el año 2019 “al gran pacto por la reconstrucción”, no se esconde más que el ‘corralito’ a los ayuntamientos para evitar que, en cumplimiento de la ley, devuelvan ese dinero a las entidades financieras para rebajar anticipadamente la deuda contraída, en cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, o utilicen ese dinero en cubrir las necesidades básicas de los ciudadanos afectados por la incompetencia de este gobierno, como han propuesto varios alcaldes de ciudades importantes españolas».

Denunció también que la ministra quiere expropiar ese dinero «para poderlo destinar a la implantación en la sociedad española de la agenda ideológica marxista de Iglesias, ya que cuando Sánchez solicite el rescate de España por parte de sus socios europeos, estos no le van a prestar fondos sin poner duras condiciones y solamente podrá destinarlos para cubrir necesidades tasadas y con reformas muy austeras que no le van a permitir desviarlo para gastos improductivos».

Y alertó a continuación: «Detrás se esconde, no sólo secuestrar los fondos del superávit de los ayuntamientos, sino que cuando dilapide pródigamente esos fondos, expropiará los ahorros de los españoles que obran guardados en los bancos. El avance del comunismo no ha hecho más que empezar y nuestros ahorros peligran como no han peligrado nunca. Pablo Iglesias y el silencio cómplice de Sánchez ya desataron el nerviosismo de los españoles tras una rueda de prensa de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, cuando Pablo Iglesias publicó en su cuenta de Twitter el artículo 128 de la Constitución Española: ‘Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general’».

«A él le importa muy poco que dicho artículo constitucional, determine que el interés general está subordinado a la economía de mercado, no al comunismo ni a la colectivización», añadió.

Para Rodríguez de Brujón, «la irresponsabilidad de un personaje que premedita todo lo que dice, como Iglesias, y la de una ministra iletrada, va a llevar a los españoles a tener la tentación, de momento, de sacar todo su dinero de los bancos para evitar que se produzca una situación como la que vivió Grecia en 2015».

Recordó en ese sentido que el país heleno inició el ‘corralito’ en junio de 2015, lo que supuso limitar a 60 euros diarios el dinero que cada ciudadano podía retirar del banco, a la vez que se prohibieron las transferencias bancarias al extranjero. Esta medida generó tales colas en los cajeros que a las pocas semanas fue sustituida por un límite semanal de 420 euros, que al menos permitía sacarlo todo de una vez. En estos años, los controles se han ido relajando gradualmente a medida que la economía griega se estabilizaba.

«La demagogia de Iglesias nos puede llevar, también a una situación como la de Argentina, con su ‘corralito’ de hace 15 años. La pesadilla económica del 3 de diciembre de 2001, comenzó cuando Argentina se enfrentó a un ‘corralito’ decretado por el presidente izquierdista Fernando de la Rúa.  Este individuo no era consciente que con su actuación acuñó un término que ahora causa pavor a los españoles y que tiene fama mundial: el ‘corralito’. Lo bueno es que De la Rúa huyó en helicóptero. ¿Huirán en Falcon Sánchez e Iglesias? A cualquier economista con tan solo escuchar los que pretenden los miembros del ejecutivo, le puede provocar escalofríos. A Sánchez, ‘Cum Fraude’, presunto economista, no le causa escalofrió alguno. Las intenciones de la ministra de Hacienda y del vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, no han hecho más que sacar a relucir la ideología comunista del gobierno: ‘¡Exprópiese!’», remachó el experto jurista.

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